Durante el estallido social, Carabineros de Chile se infiltró en las manifestaciones con agentes encubiertos, con el propósito de realizar seguimientos, detenciones y encarcelamientos, pese a no contar con autorización del juez de garantía o las instrucciones de un fiscal. “La criminalización de la protesta requería que el sistema de justicia (fiscalía, tribunales, cortes) se alineara con la política represiva del gobierno. (…) Como consecuencia, el Estado de Derecho dejó de ser el espacio de legitimidad de la actuación estatal y solo quedaron las formas y las penas para castigar y controlar.” C.N